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Culmina huelga de 24 horas en Ciudad Judicial, Puebla

Después de 24 horas los trabajadores de base del Poder Judicial culminaron la huelga de brazos caídos que montaron en Ciudad Judicial, en San Andrés Cholula, una vez que les reintegraron los recursos que les fueron descontados en su nómina por concepto de pago del Impuesto Sobre la Nómina y de su seguro social, en el Issstep.

Las quejas hechas por el personal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y del Consejo de la Judicatura iniciaron desde el pasado lunes y consistían en que el aumento salarial del 6 por ciento, anunciado días atrás por el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, no se vio reflejado en su pago más reciente y que, incluso, les descontaron más dinero que de costumbre.

Este martes, el propio mandatario comentó en entrevista que el gobierno estatal no permitirá que las y los trabajadores del Poder Judicial afecten el desarrollo de las audiencias y juicios programados, ya que terminan afectando a la ciudadanía.

Céspedes aseguró que tanto el TSJ como el Consejo mostrarán disposición para resolver los problemas salariales que denunciaron los trabajadores del Poder Judicial y llegar a acuerdos, pero sin que éstos violen la ley a favor de sus intereses.

"Sus reclamos pueden ser justos o no, los tienen que revisar con el Consejo, hay voluntad, se está corrigiendo todo lo que se hizo mal, que no abusen de la buena voluntad. Una cosa es que se les trate con respeto y otra cosa es que violen la ley, así que desde acá les hago un llamado más que enérgico, con toda la puntualidad. Somos respetuosos de la autonomía del Poder Judicial pero no vamos a permitir que cometan tropelías contra la sociedad".

Poder Judicial reintegra descuentos

Hacia las 11 de la mañana de este martes, los trabajadores del Poder Judicial acordaron retirar la huelga de brazos caídos y retomar sus actividades con normalidad, siempre y cuando obtengan una respuesta favorable a sus peticiones antes del viernes 6 de octubre porque de lo contrario, volverán los bloqueos.

La decisión vino después de la declaración hecha por el gobernador Sergio Céspedes, así como de la devolución del dinero que había sido descontado a los trabajadores, aunque algunos empleados acusaron que fueron amenazados con recibir actas administrativas por su comportamiento.
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