Liberan a excomandante vinculado al caso Lydia Cacho tras cumplir condena en prisión
Alejandro Rocha Laureano, excomandante de la extinta Policía Judicial de Puebla, obtuvo su libertad luego de que las autoridades judiciales de Quintana Roo determinaran que había cumplido en exceso la pena de cinco años y seis meses de prisión impuesta por su participación en el caso de la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
De acuerdo con información difundida por el periodista Edmundo Velázquez, Rocha Laureano permaneció recluido cerca de ocho años, desde su detención en diciembre de 2018. Debido a que el tiempo que pasó en prisión preventiva superó la condena establecida, se ordenó su salida del penal de Cancún.
La defensa del exmando policial informó que no promoverá una contrademanda contra la periodista, al considerar que su representado ya cumplió un periodo de reclusión superior a la pena que le fue impuesta.
Rocha Laureano fue detenido en diciembre de 2018 en la ciudad de Puebla por agentes de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). En ese momento, todavía se desempeñaba como agente de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE).
Las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) lo señalaron por presuntamente coordinar parte del operativo relacionado con el traslado de Lydia Cacho, luego de su detención en Cancún en diciembre de 2005.
El caso Lydia Cacho y los funcionarios señalados
Mientras Rocha Laureano obtuvo su libertad, otros personajes vinculados con el caso continúan enfrentando procesos judiciales. Entre ellos se encuentra el exgobernador de Puebla, Mario Marín Torres, quien permanece recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.
Aunque el exmandatario obtuvo resoluciones relacionadas con la posibilidad de cumplir una medida cautelar en su domicilio por motivos de edad y salud, los recursos de revisión promovidos por la FGR y la defensa de Lydia Cacho han impedido que se concrete ese cambio.
El caso se remonta al 16 de diciembre de 2005, cuando la periodista fue detenida en Cancún tras la publicación de su libro Los demonios del Edén, una investigación que documentó una presunta red de explotación sexual infantil en la que se encontraba involucrado el empresario Jean Succar Kuri.
Posteriormente, el empresario textilero Kamel Nacif Borge denunció a la comunicadora por difamación y calumnia en Puebla, lo que derivó en su traslado por carretera hacia esta entidad.
Durante el trayecto, que se prolongó por más de 20 horas, Cacho denunció haber sido víctima de amenazas, incomunicación, acoso sexual y agresiones físicas y psicológicas por parte de los agentes que la custodiaban.
Un caso que llegó a instancias internacionales
El asunto adquirió relevancia nacional e internacional tras la difusión de conversaciones telefónicas entre Kamel Nacif y el entonces gobernador Mario Marín Torres, en las que ambos abordaban la detención de la periodista. Las grabaciones generaron fuertes cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades.
En 2018, el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que México había vulnerado los derechos humanos de Lydia Cacho y solicitó medidas de reparación, así como la sanción de los responsables.
El caso derivó posteriormente en una disculpa pública oficial por parte del Gobierno de México. Por razones de seguridad, la periodista también tuvo que abandonar el país durante un periodo.
La liberación de Rocha Laureano representa un nuevo capítulo en un proceso judicial que, durante casi dos décadas, ha mantenido la atención sobre las agresiones denunciadas por Lydia Cacho y la responsabilidad de los funcionarios involucrados.
